El pasado 10, 11 y 12 de febrero delegaciones de todo el país se congregaron en Concepción, provincia de Corrientes, para llevar adelante el Primer Plenario Nacional del Movimiento de Trabajadores Excluidos – Rama Rural. Con la Federación Campesino Guaraní de Corrientes como anfitriones, más de 200 pequeños productores rurales, campesinos y comunidades de pueblos originarios se reunieron para intercambiar, debatir y pensar propuestas para el sector agropecuario.
Los rostros morochos y las manos curtidas de trabajar la tierra, se dieron cita, y no por acaso, en el predio de San Baltazar, el santo kambá (negro, en guaraní), quien a fuerza de velas encendidas y chamameces ofrendados, propició un fin de semana sin lluvias ni contratiempos.
Entre rondas de mate y tereré, circuló la palabra por los distintos grupos que llegaban para compartir sus realidades, las problemáticas de cada territorio y sus experiencias de lucha y organización. Este primer plenario, fundacional, estuvo enmarcado en el contexto histórico que le da lugar: “No es casualidad que estemos hoy, a un año de la asunción del gobierno de Macri, haciendo este lanzamiento”, se escuchaba en el panel de apertura.
Algunas de las organizaciones llevan más de 10 años de lucha, mientras algunas son de muy incipiente conformación, pero todas han sufrido de manera feroz la transferencia de ingresos desde el pueblo trabajador hacia las elites oligárquicas y las empresas transnacionales, así como el abandono por parte del Estado en los últimos meses. “Somos productores de alimentos, trabajadores y trabajadoras de la economía popular, representamos la diversidad, somos los pobladores originarios de estas tierras, sus poseedores ancestrales y es nuestro deber hacernos escuchar y luchar contra el modelo de monocultivo agroexportador”.
Se pusieron también sobre la mesa los debates sobre el modelo productivo vigente, con los testimonios de las luchas contra los agrotóxicos en Malvinas Argentina, provincia de Córdoba, donde la comunidad se resiste a la instalación de una planta de Monsanto, y del reciente juicio por intoxicaciones que se valió la muerte de dos niños en la provincia de Corrientes, y cuyo fallo favoreció a los responsables de la tragedia.
Modelo productivo que ha generado en lo que va del año situaciones de emergencia, aludes, incendios, inundaciones y vendavales a lo largo y ancho del país, pero que no impidió que las delegaciones se reunieran para denunciar los atropellos generados por la extranjerización de la tierra y la concentración de las cadenas de comercialización.
La lucha por el acceso a la tierra y la vivienda digna fueron ejes estructuradores del debate, y las regionales fue describiendo las particularidades que caracterizan a este conflicto en cada territorio. Así se manifestaron las comunidades de Misiones y de Corrientes, en lucha contra las falsas denuncias por usurpación, mientras empresarios como Douglas Tompkins o la industria maderera se apropian de las tierras y los recursos naturales.
Tampoco faltó mención a las comunidades mapuches, que sufren el mismo abuso en la Patagonia y por eso no pudieron estar presentes. En sintonía expusieron los pequeños productores hortícolas de La Plata y Mar del Plata, avasallados por el arrendamiento de la tierra, que les impide construir viviendas y promueve la intensificación productiva como única salida.
El intercambio de experiencias entrelazó la articulación política de las organizaciones rurales como respuesta a la crisis que sufren las economías regionales, con el objetivo de crecer en proyectos de la economía popular, autogestiva y ecológica. Intercambios comerciales entre las organizaciones y el impulso de alianzas entre el campo y la ciudad para transformar las relaciones de consumo del agronegocio, promoviendo un comercio justo y la soberanía alimentaria.
Además se propuso un plan de lucha nacional por políticas públicas para el desarrollo de la agricultura familiar, campesina e indígena, y por la plena implementación de la Ley de Emergencia Social, aprobada en 2016.